NUEVA LEY AMPLÍA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El texto modifica el Código del Trabajo, aumenta a 2% la cuota de contratación y establece mayores sanciones por incumplimiento.
En Chile, según el III Estudio Nacional de la Discapacidad, el 17,6% de la población de 18 años y más tiene discapacidad, es decir, 2.703.893 personas. Y aunque la Ley de Inclusión Laboral ha logrado avances significativos para permitir el acceso de personas con discapacidad al mundo del trabajo, con los años se han identificado debilidades en su aplicación y fiscalización. Para mejorar estas falencias, el Congreso aprobó modificaciones al Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral. Con ello, el texto quedó listo para su promulgación.
Camila Soto vive en Chiguayante, tiene discapacidad visual, y egresó en 2019 de Técnico en Trabajo Social, sin embargo, no ha logrado obtener un empleo estable. Para ella, las modificaciones en la ley son determinantes. “Me parece estupendo que haya un cambio en la ley y un aumento en las oportunidades de inclusión laboral. Muchas veces no es que no estemos buscando trabajo, lo que pasa es que esas oportunidades no se generan. Estas modificaciones podrían generar más espacios”, comenta.
Entre los cambios más relevantes a la Ley de Inclusión Laboral, está el aumento de la cuota de contratación de 1% al 2% para las empresas con 100 o más trabajadores y en instituciones públicas.
En el caso de las empresas que no cumplan con la cuota de contratación, y opten por la medida alternativa de donaciones, estas se deberán diversificar y descentralizar, asegurando que no más del 50% se destine a una única organización y que los recursos beneficien proyectos en regiones distintas a la Metropolitana. También se establecen sanciones por incumplimiento y se refuerza la fiscalización, con la Dirección del Trabajo manteniendo un registro público y la Dirección Nacional del Servicio Civil informando anualmente sobre el cumplimiento.
Para Daniel Concha, Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS, que se descentralicen las donaciones es muy importante para empezar a contratar más personas con discapacidad en las regiones. “Además hay fundaciones que están trabajando desde regiones como SOFAN, por ejemplo, donde las empresas pueden destinar recursos de capacitación y de intermediación laboral.”
“Ese debe ser el foco”, asegura José Muñoz, profesional con una discapacidad visual que en 2021 se tituló de Administrador Público en la Universidad de Concepción. “Aumentar la fiscalización y las sanciones, para que sea mucho más preferible contratar, que donar. Además, que las donaciones sean a empresas fuera de Santiago sirve para visibilizar la discapacidad en otras zonas del país. Eso es esencial”.
El documento, además, fija reglas para la asignación de donaciones y amplía el objeto de las personas jurídicas y proyectos financiados. En caso de incumplimiento reiterado en la administración del Estado, se aplicarán responsabilidades administrativas.
Por último, en el sector público, se reconoce a personas que egresan de escuelas especiales para que también puedan ser contratadas por Estatuto Administrativo en las distintas instituciones públicas.
UNA EMPRESA INCLUSIVA
Para Macarena Gonzalez, Líder de Diversidad, Equidad e Inclusión en Metro de Santiago, el desafío que tienen las empresas es enorme. “El cumplimiento del 2% de personas con discapacidad se ve inalcanzable, pero nos encontramos en el momento preciso para que las empresas incorporen, gestionen y midan la inclusión; que vean lo estratégico de abordarla y del retorno económico que esto puede traerles”.
En empresas como Metro, la inclusión ha sido parte de sus valores corporativos desde el 2018, año que se promulgó la Ley de Inclusión Laboral. En 2019 se creó el Comité de Diversidad e Inclusión y en 2022 el Área de Diversidad, Equidad e Inclusión. “Decidimos abordar orgánicamente la temática para lograr la coherencia necesaria para transformar una cultura. Hoy materializamos nuestra gestión de forma transversal en pilares de trabajo: personas con discapacidad, equidad de género, interculturalidad, diversidad sexual y generacional. En lo normativo, cumplimos con el 1% y año a año nos proponemos metas mucho más ambiciosas”, comenta Macarena quien asegura que este año esperan llegar al 1,3%.
EN BUSCA DEL CAMBIO
Buscando generar este cambio, surgen iniciativas sociales como el Programa SOFIA, a cargo de SOFAN y Fundación MC, que busca mejorar el perfil laboral de jóvenes con discapacidad de todo el país. El programa ha apoyado a más de 150 personas, a través de talleres, procesos de acompañamiento y vinculación con empresas para la inserción laboral.
“Mi experiencia en el programa SOFIA ha sido super linda. La primera etapa fue todo un desafío. Para mí fue súper innovador, porque yo siempre había conversado con personas ciegas, pero el programa me dio la oportunidad de conocer a personas con otras discapacidades, pude escuchar sus experiencias, sus historias de vida, y saber que ellos también tienen barreras con las que han tenido que convivir cada día. Ha sido super nutritivo todo lo que aprendí”, asegura Camila Soto.
Por su parte José Muñoz comenta que su experiencia en el Programa SOFIA fue enriquecedora. “Me ayudó a darme cuenta de que yo no era la única persona con discapacidad que estaba en búsqueda de empleo constante, que no había tenido oportunidades, que habían muchas otras personas que estaban en mi situación o peor, entonces fue un momento de aclaración, de aterrizaje, de empatía, de poder relacionarse con personas que habían vivido experiencias similares a la mía y entendían lo que estaba viviendo.”
Respecto a los cambios a la Ley de Inclusión Laboral, el aumento de la cuota al 2% se aplicará a partir de enero del año siguiente a la publicación del informe de cumplimiento del 1% por parte de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda. En tanto, la normativa para la administración del Estado y otros organismos se aplicará 12 meses después de publicada la ley.
EL PANORAMA EN OTROS PAÍSES
Según Daniel Concha, Chile se suma a otros países de Latinoamérica, como Ecuador o Brasil, que ya han comenzado una modificación en su legislación, creando leyes y oportunidades laborales para gran parte de la población con discapacidad. “Ecuador, por ejemplo, aumentó la cuota a un 4% en el sector público y, a veces un 5%. Pero ellos incluyen a personas cuidadoras o familiares que estén en la asistencia o apoyo de personas con discapacidad, por lo tanto, incluye al círculo familiar que necesita trabajo para poder mantener la economía familiar”.