CONTRATAR O DONAR: LOS DESAFÍOS DE LA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL EN CHILE

La Ley de Inclusión Laboral (N° 21.015) fue promulgada en 2017 y está vigente en Chile desde abril de 2018. La medida obliga a las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores a que, al menos, el 1% de su dotación posea algún tipo de discapacidad, y entre sus objetivos está revertir la subrepresentación crónica de esta parte de la población en el mercado laboral. 

 Katerin Rivera es usuaria de silla de ruedas, tiene 33 años y vive en Concepción. En 2008, era aprendiz para ser jinete, pero un accidente a caballo le impidió trabajar durante años. Gracias a la Ley de Inclusión Laboral, pudo reintegrarse al mundo del trabajo y actualmente realiza funciones administrativas para la empresa HR Buró desde su casa (teletrabajo). “Desde mi accidente, no había podido trabajar con contrato y ahora, gracias a la Ley, pude volver al mundo laboral. Más empresas deberían motivarse y saber que las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar”, menciona Katerin.

 Para Daniel Concha, Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, la ley es un acelerador de cambios culturales. “Antes, siempre las empresas y el sector público, veían como un favor el contratar personas con discapacidad. En ese sentido, la ley también marca un hito importante, porque deroga un artículo que permitía la contratación de una persona con discapacidad por menos del sueldo mínimo”. 

 Sin embargo, a casi 6 años de su implementación, la normativa continúa enfrentando desafíos, como la poca información y los constantes cambios, para poder ser cumplida de manera efectiva por las empresas. Tampoco considera particularidades como la operación de empresas que trabajan en determinadas faenas y por temporadas, como el caso de las industrias del sector frutícola.

 Desde la implementación de la ley, “aumentó notablemente el número de personas con discapacidad que están trabajando, pero todavía está el desafío de cumplir con el 1%, y eso tiene que ver con temas de capacitación, de cambios culturales y que las empresas implementen accesibilidad”, asegura Daniel Concha.

 Un estudio realizado por la Fundación ConTrabajo reveló complicaciones con la generación de datos por parte del Estado, porque no están actualizados ni hay información real que determine el cumplimiento de la ley en el sector privado. Una de las razones es la falta de un sistema integrado entre las diferentes instituciones del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, la Administradora de Fondos de Cesantía, entre otras. El estudio también señaló que hasta mayo de 2023, sólo el 45,8% (55.526) de los contratos de personas con discapacidad se encontraban activos, lo que significa una baja respecto a los 121.197 contratos registrados desde que entró en vigencia la ley. Es decir, a pesar de la obligatoriedad, se mantienen e —incluso— se acentúan las dificultades para que las empresas cumplan la Ley 21.015.

Por otra parte, según datos de la Dirección del Trabajo, la participación laboral de personas con discapacidad dividida por regiones, es liderada por la Región Metropolitana (48,3%), seguida por El Biobío (8,6%) y Valparaíso (7,9%). En cambio, la zona del país que presenta menos trabajadores con discapacidad contratados es Arica y Parinacota (0,74%). 

Hoy en día, en caso de que una empresa no cumpla con la cuota de contratación de personas con discapacidad, debe pagar una multa de 40 UTM (es decir, más de 2 millones y medio de pesos chilenos). Si una empresa tiene más de 200 trabajadores, el valor aumenta a 60 UTM ($3.860.580 pesos chilenos).

OPCIONES ALTERNATIVAS

 No obstante, cuando las empresas, a través de razones fundadas (como la falta de postulantes o la naturaleza de las funciones de la empresa), justifican debidamente que no pueden contratar personas con discapacidad para cumplir la ley de forma directa, tienen la opción de donar como forma de cumplimiento alternativo. Estas donaciones deben enfocarse en asociaciones, corporaciones o fundaciones que trabajen directamente con personas con discapacidad y, además, tengan proyectos o programas enfocados en la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de este grupo de la sociedad, que han sido debidamente ingresados al Banco de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

 El monto de la donación anual depende de la cantidad de trabajadores con discapacidad que la empresa NO ha contratado. Por cada trabajador, la cifra no puede ser inferior al equivalente a 2 sueldos mínimos mensuales, ni superior a doce veces el límite de máximo imponible.

 El proceso de donación tampoco ha estado exento de dificultades por modificaciones a última hora. Tras los cambios al reglamento de noviembre de 2023, las donaciones en primer lugar debían realizarse de forma única y exclusiva en el mes de enero de cada año. Posteriormente, el 21 de diciembre, la Dirección del Trabajo estableció que esas modificaciones debían hacerse hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero esta decisión luego fue cambiada nuevamente por el Decreto Nº 56, que extiende, de manera excepcional, hasta el 30 de junio de 2024, el periodo para realizar donaciones. 

 Cabe mencionar que, en el caso de que una empresa no pueda/quiera donar, también existe la opción de tercerización de servicios con compañías que sí empleen a personas con discapacidad.

FUTUROS PROYECTOS

 A lo largo de los años, han surgido iniciativas que buscan perfeccionar o incentivar la aplicación de la Ley de Inclusión Laboral. Por ejemplo, Senadis ha desarrollado un proyecto de capacitación para empresas e instituciones. Además, a mediados de enero de este año, la institución inició un proceso para que las municipalidades a lo largo del país hagan un reporte de la selección preferente y la contratación de personas con discapacidad durante el periodo entre enero y diciembre de 2023. Para ello, todos los municipios deben ingresar a la plataforma http://ley21015.senadis.cl. El proceso se puede llevar a cabo hasta el viernes 14 de marzo de 2024.

Mientras, en el Congreso, un proyecto de ley busca realizar adecuaciones al Código del Trabajo con el objetivo de aumentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. El proyecto busca aumentar a 2% el porcentaje de contratación obligatoria. De acuerdo con Daniel Concha, el proyecto va más allá: ”También se incorporaron normas que establecen un nuevo régimen de multas por incumplimiento de la cuota y por el uso indebido de las medidas subsidiarias, normas que limitan la utilización de donaciones y se eliminan barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a cargos públicos”, afirma.

 Esta iniciativa ya ha sido adoptada por otros países, como España, por ejemplo, donde las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla están obligadas a que el 2% tenga algún tipo de discapacidad. Esto ha permitido que, en zonas como Asturias, el 56% de las empresas con más de 50 trabajadores cumplan o superen la cuota exigida por la legislación vigente, según las cifras de la Fundación para la Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad (Faedis).

 Mientras, en nuestro país, de acuerdo con el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años presenta una discapacidad, es decir, más de 2 millones 700 mil personas. Entender y aplicar correctamente la Ley de Inclusión Laboral no sólo es esencial para evitar multas y sanciones, sino principalmente para contribuir a la creación de un ambiente laboral inclusivo y diverso. Ello significa, además, dar oportunidades de desarrollo profesional a un importante grupo de la población que sigue estando invisibilizado en nuestro país.

 Entre esas iniciativas de cambio surge el Programa SOFIA, a cargo de la empresa Social SOFAN y que cuenta con el apoyo de Fundación MC, que ya en su cuarta versión, busca mejorar el perfil laboral de jóvenes con discapacidad de todo el país. Desde su origen, el programa ha apoyado a más de 150 jóvenes con discapacidad de todo el país, a través de talleres, procesos de acompañamiento y vinculación con empresas para su inserción laboral.  Toda la información se pueden encontrar en www.sofan.cl